Solo uno de cada 240 centros de rehabilitación en Puebla aparece reconocido por Conasama
Un directorio federal identifica únicamente a un establecimiento de atención a adicciones con reconocimiento vigente en la entidad, mientras autoridades estiman la operación de alrededor de 240 centros.
El Congreso local analiza una propuesta para regular los anexos, reforzar la supervisión sanitaria y garantizar el respeto a los derechos de las personas internadas.
Puebla enfrenta un reto en la supervisión de los centros de rehabilitación para personas con adicciones, conocidos comúnmente como anexos, luego de que un directorio federal reportara que solo uno de los aproximadamente 240 establecimientos identificados en la entidad cuenta con reconocimiento oficial.
De acuerdo con el Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales Reconocidos de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, únicamente un centro ubicado en el municipio de Cuautlancingo aparece acreditado por cumplir con criterios relacionados con atención médica, condiciones de infraestructura, personal especializado y respeto a los derechos de las personas usuarias.
Autoridades estatales han estimado que en Puebla operan alrededor de 240 centros de rehabilitación. Sin embargo, la diferencia entre esa cifra y los establecimientos reconocidos por el directorio federal ha generado preocupación sobre las condiciones en que brindan atención los demás espacios.
Una revisión periodística documentó al menos 17 muertes de personas internadas en anexos desde 2021, en casos relacionados presuntamente con negligencias, abusos o hechos de violencia. Estas cifras deberán ser consideradas dentro de las investigaciones y procesos particulares que correspondan a cada caso.
Ante este panorama, el Congreso del Estado recibió una iniciativa para incorporar la figura de Centros de Atención a las Adicciones en la Ley Estatal de Salud.
La propuesta busca establecer requisitos para la operación de estos establecimientos, definir mecanismos de vigilancia y sujetar su funcionamiento al cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas.
También plantea garantizar un trato digno para las personas internadas y prohibir prácticas que vulneren su integridad física o psicológica. La Secretaría de Salud estatal sería la instancia encargada de supervisar el cumplimiento de las disposiciones, en caso de que la reforma sea aprobada.
