Gobierno de Puebla prepara proceso legal por deuda de plataformas de Audi
La administración estatal señala a exfuncionarios involucrados en los contratos de las plataformas construidas en San José Chiapa.
El adeudo pendiente supera los mil 500 millones de pesos y los pagos mensuales a la empresa ascienden a 62.3 millones.
El gobierno de Puebla anunció que iniciará un proceso jurídico relacionado con los contratos para la construcción de las plataformas de Audi, ubicadas en San José Chiapa, con el objetivo de revisar la participación de exfuncionarios públicos en el esquema que generó compromisos financieros para el estado.
El coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, informó que las personas que, de acuerdo con la administración estatal, participaron en la estructura legal de los contratos ya fueron identificadas, aunque no dio a conocer sus nombres. El funcionario sostuvo que algunos de los involucrados continúan activos en redes sociales y han expresado críticas hacia el actual gobierno.
De acuerdo con lo expuesto por García Parra, el procedimiento buscará evitar que continúen saliendo recursos de las arcas públicas para cubrir los compromisos derivados de las plataformas. Actualmente, señaló, todavía quedan por pagar más de mil 500 millones de pesos por este concepto.
El funcionario indicó que el gobierno estatal no pretende recurrir a una negociación con los involucrados, sino llevar el caso por la vía legal. Argumentó que los recursos destinados al pago de esta deuda podrían utilizarse para atender otras necesidades de la entidad, entre ellas la adquisición de patrullas, hospitales móviles y otros servicios.
Las plataformas fueron construidas durante administraciones anteriores, en un periodo que correspondió al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas. La empresa encargada de la obra fue Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe (CODESA), a la que actualmente se le entrega una mensualidad de 62.3 millones de pesos.
Según la información proporcionada, durante 2026 los pagos realizados a la empresa suman 753.7 millones de pesos.
García Parra también sostuvo que el proceso no responde a fines electorales ni constituye una persecución política, pese a que el anuncio ocurre a meses del inicio del proceso electoral de 2027. Hasta el momento, no se detallaron públicamente los nombres de los exfuncionarios señalados, los posibles delitos que serían materia de la acción jurídica ni las instancias ante las cuales se presentarán las denuncias o procedimientos correspondientes.
Las acusaciones forman parte de la postura expresada por el gobierno estatal y deberán ser acreditadas mediante las investigaciones y procedimientos legales correspondientes.
