Congreso de Puebla mantiene cuatro pendientes ante la Suprema Corte
El Poder Legislativo estatal debe atender resoluciones sobre infancias trans, revocación de mandato, límites territoriales y ciberasedio.
El incumplimiento injustificado de órdenes judiciales puede derivar en medidas y sanciones previstas en la Constitución.
El Congreso de Puebla mantiene pendientes cuatro asuntos ordenados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionados con derechos de las infancias trans, la revocación de mandato, la delimitación territorial entre municipios y la eliminación formal del delito de ciberasedio.
Uno de los temas con mayor antigüedad corresponde a una sentencia emitida desde 2022, mediante la cual se ordenó modificar el Código Civil del Estado para eliminar el requisito de mayoría de edad en los procedimientos de reconocimiento de identidad de género autopercibida.
La Suprema Corte notificó nuevamente al Congreso local sobre esta obligación y solicitó avances en el cumplimiento de la sentencia. El plazo señalado para informar sobre las acciones emprendidas es de cinco días hábiles, sin que sea suficiente señalar que las iniciativas continúan en análisis.
Otro pendiente corresponde a la creación de mecanismos para la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal. La Corte determinó que existe una omisión legislativa, luego de que el Congreso de Puebla no adecuara la Constitución local para permitir este ejercicio de participación ciudadana.
También se encuentra pendiente la definición de los límites territoriales de la comunidad de Maloapan, en disputa entre los municipios de Hueyapan y Atempan. La Suprema Corte invalidó un acuerdo administrativo previo y estableció que corresponde al Poder Legislativo resolver formalmente la delimitación.
El cuarto tema es la derogación del artículo 480 del Código Penal, referente al delito de ciberasedio. Aunque la disposición fue declarada inválida por la Suprema Corte en abril de 2026, aún falta que el Congreso realice la eliminación formal de la norma dentro de la legislación estatal.
De acuerdo con el marco constitucional, el incumplimiento injustificado de resoluciones judiciales puede generar sanciones contra las autoridades responsables. No obstante, los tiempos y medidas dependen de lo establecido en cada sentencia y de las determinaciones posteriores de la Suprema Corte.
