Organizaciones cuestionan estrategia de saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac
Un grupo de 23 organizaciones y comunidades de Puebla y Tlaxcala pidió reforzar las acciones contra la contaminación industrial en la región.
El colectivo señala riesgos para la salud y demanda mayor regulación de las descargas, tratamiento interno en industrias y cumplimiento de recomendaciones ambientales.
Un total de 23 organizaciones civiles, colectivos y comunidades originarias de Puebla y Tlaxcala cuestionaron las acciones implementadas para el saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac y solicitaron a los distintos niveles de gobierno adoptar medidas adicionales para atender la contaminación de la región.
En un pronunciamiento conjunto, las agrupaciones señalaron que las políticas aplicadas hasta ahora resultan insuficientes frente a la actividad de más de 22 mil 235 empresas manufactureras asentadas a lo largo de la cuenca. Las organizaciones atribuyen parte de la problemática ambiental a las descargas industriales y demandan mayor vigilancia sobre éstas.
Como parte de sus argumentos, citaron un análisis realizado con datos del Inegi correspondiente al periodo 2015-2019, según el cual se contabilizaron 17 mil 589 defunciones en la cuenca por enfermedades como neoplasias malignas, cáncer de colon, cánceres hematológicos y tumores en órganos genitales femeninos. El pronunciamiento sostiene que, al incorporar fallecimientos por insuficiencia renal y abortos espontáneos, se obtiene una frecuencia equivalente a una muerte cada 2.5 horas. Sin embargo, esta cifra corresponde al análisis presentado por las organizaciones y no establece por sí misma que todas esas defunciones hayan sido causadas directamente por la contaminación del Atoyac.
Asimismo, las agrupaciones citaron investigaciones que reportan la presencia de al menos 112 sustancias contaminantes en los ríos Atoyac y Zahuapan, frente a 22 parámetros que, según el documento, contempla la normatividad ambiental mexicana.
Entre sus demandas se encuentra obligar a las industrias a instalar sistemas internos de tratamiento antes de realizar descargas, así como incrementar la supervisión y aplicación de medidas contra quienes incumplan las disposiciones ambientales.
El pronunciamiento también plantea detener los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar en San José Chiapa y cancelar los proyectos del cablebús y Ecoparque Tlalli Malinche. Además, las organizaciones solicitaron hacer efectiva la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relacionada con la problemática ambiental y sanitaria de la cuenca.
